“DEROGAR LOS PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA CATÓLICA”; por Claudio Hugo Naranjo
Francisco y los abusos
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Se le debe quitar a la Iglesia los subsidios ya que “el Estado argentino, a pesar de ser laico, financia con nuestros impuestos a la Iglesia católica desde la dictadura”. Y de esta manera invertir ese dinero en políticas de género, en salud pública y separar, de una vez por todas, la Iglesia del Estado.

Que el Estado de la Ciudad del Vaticano que es universalmente reconocido como entidad soberana de derecho público internacional, destino de la Santa Sede, que es el órgano soberano de la Iglesia Católica, se haga cargo de sus Iglesias y de sus pecados. 

En el Presupuesto 2018, se detalla una pauta de gastos para la Secretaría de Culto que asciende a 177 millones de pesos destinados a la Iglesia Católica. De este total, se asiste financieramente a 140 arzobispos/obispos, 640 sacerdotes y 1200 seminaristas.

Por otro lado, hay cerca de $100 millones destinados a la restauración de basílicas e iglesias y, además, hay subsidios específicos a las escuelas religiosas. En el caso del Próvolo, la Dirección General de Escuelas le paga el salario a 15 profesionales. Las denuncias por los casos de abuso en el Instituto Próvolo generaron una infinidad de repudios, y distintas propuestas surgieron desde varios sectores políticos y sociales. Una de ellas consiste en “derogar los privilegios de la Iglesia Católica”. A partir de aquí, la pregunta es la siguiente: ¿cómo es el financiamiento del Estado a la Iglesia Católica?

El artículo 2 de la Constitución Nacional es el que ampara al resto de las decisiones del Poder Ejecutivo en este tema. Desde la llamada ley madre nace un conjunto de otras normas (la gran mayoría promulgadas durante dictaduras) que garantizan un beneficio oneroso para la Iglesia, ya sea por transferencia de dinero o por exenciones de impuestos (IVA y Ganancias).

En 1966, con Juan Carlos Onganía como presidente y Nicanor Costa Méndez al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (en la Guerra de Malvinas ocupó el mismo cargo), se sancionó la Ley 17032 que creaba un acuerdo entre el Vaticano y la República Argentina. El mismo establecía algunas libertades de acción para la Iglesia.

En el inciso c del artículo 146 del Código Civil y Comercial se acompaña, de alguna manera, esa decisión. En este ítem se considera a la institución católica como una «persona jurídica pública», es decir, se la ubica al mismo nivel que un Estado.

Entre 1979 y octubre de 1983 se publicaron las leyes 21950, 22950, 22162, 22430 y 21540, que explicitan el monto de asignaciones para obispos, seminaristas, parroquias de frontera y salarios vitalicios a distintos tipos de religiosos. Así, por ejemplo, un obispo cobra el 80% del sueldo de un Juez Nacional de Primera Instancia (que recibe de básico 77 mil pesos).

Qué alguien termine con este saqueo. Muchas Gracias.

Esta entrada tiene un comentario

  1. Miguel A. Ferrer Astrada

    Los curas salesianos tienen en Córdoba un seminario, la mayoría de los seminaristas son extranjeros (chilenos, paraguayos y bolivianos).
    Cobran sueldos del estado argentino.
    Cada tanto vuelven un corto tiempo a sus países de origen, en una suerte de»rotación», pero claramente es una excusa.
    En resumen, los argentinos estamos sosteniendo una caterva de impresentables (me consta).
    Apoyo, porque es algo que vengo sosteniendo desde hace muchos años, su moción.
    Debemos suspender de INMEDIATO todo soporte estatal a cualquier religión.

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