Por un Estado Laico
Francisco

La Campaña Federal para la Separación de la Iglesia y el Estado cobró más fuerza luego del tratamiento del aborto en el Congreso y la postura negativa del poder eclesiástico. Ya hay proyectos de ley que proponen derogar los decretos que establecen sueldos y pensiones para obispos y sacerdotes.

“Quiten los rosarios de nuestros ovarios”, es una de las consignas con las que miles de personas motorizan su lucha desde hace años en toda Latinoamérica. En Argentina, tomó más fuerza y vigor con el debate en el Congreso de la interrupción voluntaria del embarazo. Es que la discusión expuso la ya conocida negativa de la Iglesia Católica por la legalización del aborto y cada vez son más las personas que deciden “darse de baja” de la congregación con el objetivo de quitarle a la institución religiosa la representatividad que se le otorga a través del bautismo.

El propio 8 de agosto, día en que el Senado de la Nación trató el proyecto de ley, se realizaron apostasías colectivas en varios puntos del país, motorizadas por la ferviente oposición y consecuente influencia de la iglesia durante el tratamiento en el Congreso.

Con el histórico debate, las calles se vistieron de pañuelos celestes y pañuelos verdes como símbolos anti y pro aborto, respectivamente. Pero hubo un tercer color: el naranja, para mostrarse a favor de la separación entre la Iglesia y el Estado.

Varias figuras públicas se mostraron portando el pañuelo y personas en diferentes puntos del país se sumaron a apostasías colectivas. Es que la iglesia tuvo un rol determinante durante el debate, no solo que se denunciaron presiones de la institución religiosa, sino que luego la Iglesia reunió a legisladores oficialistas y opositores que votaron en contra para agradecerles.

El propio jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, informó en la Cámara de Diputados de la Nación que el Estado nacional destinará este año 130 millones en sueldos para la Iglesia Católica. A esta información se suman las declaraciones del monseñor Héctor Aguer en una entrevista pro radio Continental, donde sostuvo que «los 40 mil pesos, creo que esa es la suma, los gasto en darle a los pobres».

Con todos estos factores, comenzó un nuevo debate, ¿el Estado debe pagar sueldos a los Obispos? Ante tal interrogante, propuestas. El diputado nacional Alejandro Echegaray, por ejemplo, presentó un proyecto de ley para derogar los decretos que establecen sueldos y pensiones para obispos, sacerdotes y seminaristas de la Iglesia Católica Apostólica Romana porque, sostuvo: “El Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan caridad sin rendir cuentas”.

Si el artículo 2 de la Constitución Nacional establece que “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, esto fue entendido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico, que no se trata necesariamente de sueldos.

Por otra parte, el movimiento LGTB lanzó una petición a la Cámara de Diputados para que “el Estado deje de financiar a la iglesia con dinero de todos los argentinos”. Y sostienen: “Para nosotros, la iglesia debería financiarse por medio de los creyentes y los que asisten a ella, haciendo que, los no creyentes (ateos o agnósticos) y los creyentes de otra religión no tengan que pagar una religión que no es de ellos, el esto podría disponer del dinero para por ejemplo la creación de hospitales, entre otras cosas que beneficien a todos y no solo a los creyentes de la religión católica”.

El debate está más abierto que nunca, la sociedad madura como para debatir temas que de orden religioso y lo suficientemente transformada como para poner de manifiesto que existen diferentes posturas respecto a un mismo hecho. Los movimientos feministas, organizaciones populares y políticas empujan para, al menos cuestionar, el destino de fondos públicos.

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