Las trabajadoras sexuales de Santa Cruz que intentaron organizarse sindicalmente
Sindicalizadas

Hace poco más de dos años acudieron a la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR). Las consecuencias del cierre de las “casitas”. El “estigma social” que impide considerarlo como un trabajo, en el medio de la lucha contra la trata y el proxenetismo. El proyecto que la asociación presentará en el Congreso  el año que viene para acceder a  jubilación y obra social.

Las trabajadoras sexuales también marcharon y adhirieron a la medida de fuerza que realizó la CGT el martes 25 de setiembre (aunque solo fue advertido por un medio nacional).

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR, creada hace 23 años y que integra al CTA), presente en 10 provincias, hace poco más de dos años recibió a trabajadoras sexuales de Santa Cruz que “fueron escuchadas” ya que buscaban ver el modo de organizarse, pero que también contaron la precarización laboral que padecían (y padecen) primero por el cierre de los prostíbulos en Río Gallegos (el 8 de junio del 2009 por orden de la jueza federal la Ana Cecilia Álvarez  por caso de trata y proxenetismo), por la ley provincial que prohibió los cabarets, y el “estigma” de considerarlas como trabajadoras.

“Después de la prohibición de las casitas,  todo se volvió más clandestino, y se expusieron a una mayor explotación laboral”, contó Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación.

Su trabajo se modificó y derivó en el éxodo a otras provincias como Chubut y Tierra del Fuego, pero también a otros países como Chile y Uruguay, (en donde está legislado el trabajo sexual). Pero lo hacían por seis o siete meses y luego retornaban a Santa Cruz.

En una oportunidad, las trabajadoras de San Julián, acudieron al Municipio para advertir que no eran víctimas de redes de trata, y que solo “hacían el trabajo sexual de manera autónoma”. ”Ellas no creían que la solución del Municipio y el Estado haya sido prohibir, porque la prohibición dejó a muchas sin trabajo a merced de mayor clandestinidad”, relató la dirigente.

-TS: En las denominadas “casitas” se comprobó que hubo casos de trata y mujeres que fueron forzadas a ejercer la prostitución.

GO: Comprendemos que al no tener un marco legal, porque no estamos reconocidas, terminamos todas ejerciendo en la clandestinidad, y no hay distinción entre trata proxenetismo y trabajo sexual. Lo que nos genera preocupación es que estos lugares estaban habilitados por el Municipio, y sí tenían controles, entonces había complicidad. No queremos imaginar que si esto pasaba en estos lugares, qué pasa en la clandestinidad cuando el Estado no está presente. No pasa por prohibir los lugares, porque toda prohibición genera lugares clandestinos y negocios ocultos.

 

En las “casitas” y/o cabarets clase “C” – figura en la que estaban normados por el Municipio como alternadoras solo “trabajaban con las copas, pero ellas no  ejercían el trabajo sexual dentro de ese lugar, sino que el contacto con el cliente lo hacían por afuera y los dueños no se quedaban con lo que ganaban con sus servicios sexuales”. Cuando los lugares se cerraron, provocó, según Orellano,  “explotación y peores condiciones  laborales”. “Ahora en los lugares (nuevos) donde trabajaban se quedaban con el 50% del servicio”, precisó.

 

-¿Por qué no pudieron lograr representación en Santa Cruz?

Sucede que hay un estigma social con la trabajadora sexual, sumado a las políticas del Estado que tendieron a equiparar el trabajo sexual con la trata. Las compañeras no fueron escuchadas y es muy difícil organizarse en una provincia que no escucha a las trabajadoras sexuales.

 

El PROYECTO

AMMAR elabora un proyecto que presentará el año que viene, que buscará a nivel nacional la “despenalización del trabajo sexual y reconocimiento del servicio  sexual como trabajo”, sumado a una normativa que les permita realizar aportes y acceder a la obra social.

La Ley contra la Trata pena a quien facilita la prostitución. Orellano detalló diversos casos que fueron condenados por la Justicia. Desde una imprenta que imprimía los folletos, propietarios de departamentos que les alquilaban,  remiseros que trasladaban a las  trabajadoras y hasta un conserje del hotel que entregaba “book de fotos” a quienes se hospedaban en el lugar.

“Se arrincona a las trabajadoras y se las deja más solas. Tiene que existir una normativa que proteja y reconozca que es una actividad laboral y no es un delito, sino un trabajo”, finalizó.

 

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