El Nuevo Reglamento indica que la Policía Federal podrá disparar sin dar la voz de alto
Nueva Reglamentación para la Federal.

El Gobierno nacional inició gestiones para que las provincias incorporen el nuevo y polémico reglamento de las fuerzas de seguridad federales, que les permite usar sus armas de fuego aun cuando no exista una agresión directa o cuando reciban una amenaza con una pistola de juguete, e incluso los autoriza a disparar sin dar la voz de alto.

En medio de la efervescencia que generó la cumbre presidencial del Grupo de los (20) que se realizó en Buenos Aires, la Casa Rosada puso en marcha el manual de procedimiento que amplía el campo de acción con uso de la fuerza letal de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Inmediatamente, los familiares de víctimas de violencia policial denunciaron que la disposición permite “matar con impunidad” y convierte en “ley” el “gatillo fácil”. Sin embargo, en medio de la polémica, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redobló la apuesta y adelantó que buscarán que las fuerzas de seguridad provinciales incorporen el reglamento.

“Ahora estamos haciendo el reglamento igual para todas las fuerzas de seguridad, tenemos un solo reglamento”, destacó Bullrich, para luego revelar: “Le vamos a decir a todas las policías del país que adopten el mismo, ya nos han llamado varias para adoptarlos”.

El decreto 956/2018 del Ministerio de Seguridad que se publicó ayer en el Boletín Oficial, puso en práctica el denominado “reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales”. En líneas generales, se otorga mayor libertad para disparar “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”.

El texto establece que los efectivos podrán hacer uso de sus armas reglamentarias “para impedir un delito particularmente grave”, “para proceder a la detención de quien represente un peligro inminente (de muerte o de lesiones graves) y oponga resistencia a la autoridad” y “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y hasta lograr su detención”.

El flamante reglamento también habilita los disparos “cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal” y “cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”.

Sobre esta última hipótesis, se indica que los posibles escenarios serán cuando un sospechoso que realice “movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”, “cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona” o “cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muerte o lesiones graves”.

Además, la normativa permite que los integrantes de las fuerzas federales no tengan que identificarse a voz viva antes de intervenir.

 

“Se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”, dice el decreto.

Bullrich justificó los cambios al advertir que “hasta ahora los miembros de las fuerzas de seguridad no podían usar armas para defenderse o para defender a la gente” y que “tampoco lo podían hacer para detener a un delincuente o para impedir que un delincuente peligroso se fugue”.

Sin nombrarlo, pareció referirse al policía comunal Luis Chocobar, quien se encuentra procesado por el asesinato de Pablo Kukoc (18) tras el ataque con arma blanca que sufrió un turista norteamericano en 2017, en el barrio porteño de La Boca.

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció que la disposición del Gobierno nacional ordena “matar con impunidad” y convierte en “ley” el “gatillo fácil”.

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