Aborto legal, libre, seguro y gratuito; por Mariana Dorrego
Mariana Dorrego

Hoy 28 de mayo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto presenta por octava vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que busca conquistar el aborto legal, libre, seguro y gratuito y terminar con la penalización y clandestinidad.

El año pasado fue rechazada en el Senado por la influencia de las cúpulas de las iglesias y sectores conservadores, aliados al oficialismo y de la oposición, especialmente de los PJ provinciales, como estados gobernados por la UCR, decidiendo por sobre la voz de millones movilizadas en todo el país. El interior tradicionalmente mantiene estancados su pensamientos evolutivos al siglo XIX, son sus cúpulas gobernantes los que impiden que sus representados, en este caso en el Senado, se mantengan bajo la virginidad casta de la Iglesia Católica.

En esos mismos estados reducidos durante décadas al mandato de la dinastía gobernante, ocurren diariamente y con mucha más frecuencia casos terribles de chicas violadas, maltratadas, en su gran mayoría sin recursos que viven situaciones dramáticas y no son escuchadas ni atendidas por nadie.

El nuevo proyecto actualizado contiene 20 artículos, algunos más respecto del dictamen que obtuvo la media sanción el año pasado. Entre sus diferencias se encuentran la eliminación de la objeción de conciencia, y de la extensión de semanas que habilitaban la práctica para situaciones de malformación fetal, mientras agrega asesorías que deberán ser incluidas en el Plan Médico Obligatorio y brindadas por todo establecimiento de salud.

En el Título I, primer capítulo, define la Interrupción Voluntaria del Embarazo como un derecho humano que pertenece a todas las mujeres y personas gestantes, y que debe ser garantizado “sin distinción de nacionalidad, origen, condición de tránsito y/o status de residencia/ciudadanía” de acuerdo a los tratados internacionales ratificados por la Argentina.

El sistema de plazos en función de los factores posee algunos cambios, para todos los casos se admite este derecho hasta la semana 14 inclusive. Las causales que reconoce sin plazo establecido son en caso de violación o de riesgo de vida o su salud integral, entendida como «el estado de completo bienestar físico, mental y social» según la Organización Mundial de la Salud. De esta forma incorpora la interpretación por la Corte Suprema, un avance que se diferencia de la formulación que hace el proyecto de reforma del Código Penal al respecto.

La figura que ponía como causal la “malformación fetal” fue eliminada, a raíz de los cuestionamientos de organizaciones que trabajan sobre derechos de las personas con discapacidad.

Lo más novedoso del nuevo proyecto tal vez sea la eliminación de la objeción de conciencia. En el artículo 6 establece que “En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de salud ni de terceros/as.”. En el dictamen que llegó al recinto de votación, esto era una discusión, ya que establecimientos de salud podían aducir esta objeción en desmedro del derecho a la salud de toda persona gestante que quiera acceder a una IVE.

Esto repercutió en que instituciones y profesionales se negaron incluso a prácticas ya legisladas, como el juicio llevado adelante en Cipolletti declarando culpable a un médico por negar un aborto no punible. Además reafirma en el artículo anterior que todos los establecimientos deben garantizar la interrupción sin autorización judicial previa. El caso Cipolletti no debiera ser llevado al recinto de las deliberaciones porque tiene aristas que aún no fueron consustanciadas con las interpretaciones del los sujetos participantes. La objeción de conciencia está cuestionada en este caso particular.

En esta etapa, no nueva, sino que debe ser tomada como continuación de la lucha iniciada de concientización y comprensión, es menester apuntar a dos aspectos fundamentales: por un lado a que haya una ley y, por el otro, a lo que se llama despenalización social, que implica construir los mecanismos para que la sociedad entera apoye estos derechos. Una ley puede ser solo un papel firmado si no hay sujetos que la lleven adelante. Son los médicos, efectores de salud, abogados, trabajadores de la justicia y docentes los que tienen que abordar esa temática para que sea efectivamente un derecho, empezando desde la educación.

La clandestinidad hace que sea difícil contabilizar el número exacto de abortos y de mujeres muertas a partir de prácticas realizadas en condiciones precarias.

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